Columnas

Día Internacional de la Educación

Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

En diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió proclamar el 24 de enero el Día Internacional de la Educación, pues la reconoce como un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva.

A pocos días de conmemorar el quinto aniversario que se ha programado bajo el lema: Invertir en las personas, priorizar la educación, conviene revisar lo que la Organización de las Naciones Unidas en el sector de la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) tiene identificados como retos por superar: 244 millones de niños y jóvenes alrededor del orbe sin escolarizar; 771 millones de adultos analfabetos; 617 millones de niños y adolescentes que no saben leer ni hacer operaciones matemáticas básicas.

A estas escalofriantes cifras habrá que sumar que menos de 40% de las niñas del África subsahariana terminan el primer ciclo de secundaria y cerca de 4 millones de niños y jóvenes refugiados están sin escolarizar.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, sostuvo durante la Cumbre sobre la Transformación de la Educación —convocada en Nueva York en septiembre pasado— que habrá que poner en relieve las siguientes iniciativas clave para acelerar la acción en estas materias: Ampliar el aprendizaje digital público; acelerar la igualdad de género y mediante la educación; mejorar el acceso de las niñas, niños y adolescentes afectados por la crisis y preparar a todos los educandos para el cambio climático.

Por lo que hace a la educación superior, la Unesco identifica que los estudiantes se han más que duplicado en todo el mundo en las últimas dos décadas, hasta alcanzar los 235 millones de alumnos y se espera que vuelva a doblarse en la próxima década.

Las cifras resultan esperanzadoras porque más jóvenes podrán alcanzar los altos estudios, pero al mismo tiempo son alarmantes si los gobiernos no se preparan e invierten más recursos financieros, por lo que la Unesco invita a los países miembros a celebrar un nuevo contrato social en torno a la educación.

Lo hemos dicho en este espacio: garantizar la educación no sólo es hacer realidad un derecho a una persona, sino que es el derecho llave que le permite el acceso a más derechos como: la libertad, la salud y el trabajo, entre muchos otros. Aplicar recursos financieros en educación es invertir en el combate de raíz a los más lacerantes problemas nacionales como la corrupción, pobreza, desigualdad e inseguridad.

Está comprobado a plenitud que los países más desarrollados son aquellas naciones que han apostado por la educación. La hoja de ruta ya está marcada, es el turno de todos los gobiernos actuar para invertir en el capital más importante de sus naciones: la juventud.

El fomento de la educación de calidad genera el desarrollo de las personas y al mismo tiempo de las sociedades en las que se desempeñan. Es un imperativo poner mayor énfasis en cuidar los procesos educativos e invertir mayores presupuestos para impedir que las generaciones actuales y futuras pierdan su oportunidad potencial de desarrollo.

La pandemia agravó el rezago de los procesos educativos que ya tenían los países pobres. Millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo abandonaron sus estudios o tuvieron un retraso significativo en ellos. De no tomarse medidas remediales, la Unesco advierte que puede estarse gestando una catástrofe generacional que tardará décadas en recuperarse. Y México no está exento de ese riesgo.

Como Corolario, la frase de la activista irlandesa Sinéad Burke: “La educación es lo que rompe los ciclos de pobreza y opresión”.

(Excélsior 14 01 23)

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