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“Inconstitucionalidad y consecuencias del plan B”, alerta INE

Benjamín Domínguez Olmos

  • “Primera reforma regresiva de nuestra democracia”: Córdova
  • Regreso en igualdad de género y discriminación: De la Cruz
  • Abre la oportunidad a la simulación de operaciones: J. Rivera
  • Afectaciones en materia de organización electoral: Humphrey
  • La reforma afecta esquema de integración de casillas: M. Faz
  • Riesgo en padrón electoral confiable y cartografía: Murayama
  • Limita la función de los Organismos Públicos Locales: Ravel
  • Fusionar Jurídico y Contencioso Electoral no opera: Favela
  • Credencial de elector, llave que abre derecho a votar: Zavala
  • Reforma pudo centrarse en otras áreas de oportunidad: Ruiz
  • Austeridad atropella los derechos laborales: Uuc-kib Espadas
  • INE no regatea al Legislativo ejercicio de atribuciones: Jacobo

Es importante que los políticos atiendan a la comunidad; más importante, sin embargo, que la entiendan… (Froylán Flores Cancela)

Los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral calificaron como regresivo e inconstitucional el Plan B de la Reforma Electoral e informaron que se interpondrán todos los recursos jurídicos a su alcance contra esta propuesta, como la acción de inconstitucionalidad, tras de que sea aprobada por el Congreso de la Unión.

Lo hicieron público tras conocer el informe sobre la incidencia en la función electoral de los decretos que modifican algunas leyes generales, que analiza y explica las implicaciones que tendrían estas reformas en la celebración de elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución, y las afectaciones en materia de autonomía del Instituto Nacional Electoral, la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas, los procedimientos de capacitación y organización electoral, los avances para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género y las acciones afirmativas para potenciar la representación política de núcleos de la población tradicionalmente desfavorecidos.

También señala consecuencias en materia de fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, el cumplimiento de las obligaciones de los partidos, la protección de los datos personales de la ciudadanía, los derechos laborales del Servicio Profesional Electoral Nacional y la Rama Administrativa de los Organismos Públicos Locales, el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de las entidades federativas que se ven afectados en diversa graduación por las reformas electorales.

Su consejero presidente, Lorenzo Córdova, afirmó que si el proceso legislativo de la reforma legal se culmina y se publican los cambios legales, “lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral en la que será, en 2024, la elección más grande de nuestra historia”.

“La reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido, colectivamente, a lo largo de tres décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos”, y acotó: “que detengan este auténtico desmantelamiento de nuestra democracia”.

La consejera Norma de la Cruz advirtió dos afectaciones en materia de igualdad de género y no discriminación: la disminución de 50 a 25 fórmulas de candidaturas que incluyen personas indígenas, migrantes, residentes en el extranjero, con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, así como la reestructura orgánica del Instituto contemplada, que implicaría no contar con una Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, “al proponer que sus funciones sean absorbidas por una nueva dirección ejecutiva de partidos políticos”.

El consejero Jaime Rivera destacó las afectaciones que la reforma conlleva en materia de fiscalización al restar autonomía técnica constitucional a la Unidad Técnica de Fiscalización al convertirla en una Dirección Ejecutiva.

“La reforma propone que la violación de no entregar informes de ingresos y gastos de precampaña deje de ser sancionada de manera severa y establece una ampliación de los plazos en los cuales los partidos están obligados a reportar en el Sistema Integral de Fiscalización las operaciones de ingresos y gastos, lo que abre la oportunidad de simulaciones y ocultamientos de operaciones”, dijo.

La presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Carla Humphrey dio cuenta de las afectaciones que tendrá la reestructura organizacional y la eliminación de áreas fundamentales, “al dejar inadvertida la especialización y el profesionalismo de cada una, sin analizar objetiva y exhaustivamente sus consecuencias”.

El consejero Martín Faz consideró que los impactos de la reforma en materia de capacitación electoral son particularmente graves, “ya que modifican sensiblemente el esquema con que hemos operado la integración de las Mesas Directivas de Casilla, tanto en las actividades específicas, como en la capacidad operativa de quienes las realizan y coordinan”.

El consejero Ciro Murayama subrayó que la reforma electoral echa a la calle a quienes coordinan el trabajo de los módulos, desde donde se actualizan el Padrón y la cartografía electoral. “Afectar la actualización del Padrón es dañar de base el trabajo de planeación, organización y ejecución de las elecciones auténticas que México ya tiene, pero que se quieren dañar de forma irresponsable”.

La consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación, externó su preocupación por que la reforma limita el funcionamiento de los Organismos Públicos Locales al fusionar todas las áreas relevantes en dos mega-áreas: una de organización, capacitación electoral y educación cívica y otra de administración, prerrogativas y asuntos jurídicos.

Por su parte, la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, advirtió que la fusión de la Dirección Jurídica y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, propuesta en la reforma, puede generar una excesiva carga de trabajo.

En tanto, la consejera Claudia Zavala especificó que la reforma permite la construcción del Padrón y el listado nominal de personas que residen en el extranjero a partir de dos documentos que son ajenos a la naturaleza electoral y que rompe con toda la trazabilidad electoral y la certeza que requieren en su integración.

Nadie que carezca de credencial de elector en México podría ejercer su derecho porque “es la llave que abre el derecho desde nuestro sistema electoral”.

El consejero José Roberto Ruiz cuestionó que habiendo grandes áreas de oportunidad para disminuir el costo del sistema electoral, éstas no se abordan en las iniciativas de las representaciones políticas.

Inquirió por qué no se destinaron esfuerzos para tener un calendario electoral único en el país, ya que a pesar de los avances obtenidos aún no se completa la unificación de los mismos, por lo que no se ven estrategias que vayan a impactar a esa reducción del sistema electoral, o por qué no se buscó prescindir del doble financiamiento público que tienen los partidos nacionales, al recibir casi 6 mil millones de pesos a nivel nacional y una cifra similar en lo local por las 32 entidades federativas.

La reforma electoral no genera un avance democrático, ni garantiza mejora en los derechos de la ciudadanía, sostuvo el consejero Uuc-kib Espadas, quien aseveró que la mutilación de la estructura del INE que se plantea atropella derechos humanos y laborales de, probablemente, miles de trabajadores.

El presentar el informe, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, hizo hincapié en el reconocimiento que tiene la autoridad electoral sobre las facultades del Poder Legislativo; sin embargo, -agregó- las propuestas de modificaciones legales han sido confeccionadas sin tomar en consideración la experiencia y conocimiento técnico de la autoridad electoral, pese a que, el Instituto ha mantenido siempre una posición de colaboración con todas las instituciones del Estado mexicano.

“En democracia, me parece, no cabe regatearles a las instancias legislativas el ejercicio de sus atribuciones como representantes populares. Ahí radica la esencia del fenómeno democrático: en encauzar las inquietudes, aspiraciones y preocupaciones de la ciudadanía”, dijo, y argumentó que la construcción de diagnósticos, que tomen en cuenta la experiencia y conocimiento acumulados de las instancias técnicas electorales, es condición esencial para un mejor diseño de los cambios necesarios y pertinentes a las reglas del juego democrático.

Durante la sesión, las y los consejeros electorales instruyeron al Secretario Ejecutivo del INE, a interponer todos los recursos jurídicos y legales a su alcance para combatir esta reforma electoral que afecta gravemente a la democracia del país.

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En portada: Carla Humphrey, Lorenzo Córdova, Edmundo Jacobo, Dania Ravel

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