Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

En la vida diaria de las sociedades del mundo, los gobernantes tienen que enfrentar retos y problemas que deben atender mediante acciones reactivas cuando el inconveniente ya se ha producido; quienes aspiran a ser estadistas, procuran implementar políticas públicas preventivas con la finalidad de reducir riesgos e impactos negativos.

Uno de los aspectos fundamentales de la vida social que precisa de políticas preventivas estratégicas, es la salud pública. El artículo 4º de nuestra Carta Magna dispone que: “Toda persona tiene derecho de protección de la salud” y establece de manera concurrente la responsabilidad de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general.

La reciente publicación del informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de covid-19 en México “Aprender para no repetir”, sostiene el fracaso de nuestro país en su gestión de la pandemia debido -de manera básica- a la permanente subestimación de la gravedad del virus, la centralización y personalización de las decisiones, así como la errónea política de austeridad.

El estudio sustenta una conclusión escalofriante: la emergencia sanitaria dejó en México más de 800 mil muertes —lo que equivale a 0.64% de la población del país reportada en el censo de 2020— y, que de estos lamentables decesos, casi cuatro de cada diez sucedieron por fallas en la gestión gubernamental.

En el diagnóstico se hace énfasis en que la población mexicana padece de comorbilidades —como  obesidad y diabetes, por citar ejemplos—, y que el sistema de salud padece de una falta de inversión sistémica. También se reconoce la desigualdad con la que se combatió a la pandemia en el territorio nacional, pues la pobreza y la deficiente gestión pública estatal tuvieron una importante incidencia. Así, mientras mayor es la población de bajos ingresos y estudios, mayor fue el porcentaje de muertes.

En las últimas dos décadas del siglo pasado, las políticas de salud dirigidas por eminencias como Guillermo Soberón y Jesús Kumate establecieron estrategias preventivas de gran trascendencia, que permitieron que México alcanzara una alta cobertura de vacunación y también se contaba con uno de los esquemas de inmunización más exitosos del mundo. De esta manera se erradicaron padecimientos como la poliomielitis, difteria, tétanos; y el control de algunos otros, como el sarampión.

En cambio, desde hace unos días se ha informado que la vacunación tuvo cambios negativos en 2023, al pasar de 96% de niños vacunados a 83%, y tratándose de adultos mayores, sólo  66% de esta población recibió los biológicos que le correspondían. 

Las llamadas Semanas Nacionales de Vacunación,  implementadas en el pasado, crearon un vigoroso sistema de aplicación de inmunizaciones que fue ejemplar a nivel internacional. No se explica cómo durante la pandemia en lugar de activar ese mecanismo de eficacia comprobada, se encomendó a las Fuerzas Armadas lo sustituyeran. Su aprendizaje y tardanza en la implementación de la aplicación de vacunas, con seguridad contribuyeron a configurar las fallas en la gestión gubernamental

De forma por demás interesante, el estudio establece que uno de los sectores de los que menos se han hablado —y escasez en su medición— son las infancias, ya que la orfandad provocada por la pandemia se estima en cerca de 215 mil niñas y niños.

Sin duda, el próximo programa de gobierno deberá reconstruir de manera estructural las políticas públicas preventivas en materia de salud, dentro de la suma de una gran lista de tareas que deberá implementar.

Como Corolario la frase que solía decir el doctor Jesús Kumate: “La salud no lo es todo, pero sin salud no hay nada”.